Delincuentes de cuello blanco, dictadores, genocidas y Jefes de Estado.-

Casi todo el mundo sabe que es un delincuente de cuello blanco. La gente los conoce y los identifica porque en cada uno de nuestros países hay varios de ellos, encaramados en las más altas e inimaginables posiciones de poder. En la Banca, la Industria, el Comercio o el Gobierno. Y sobre todo por que cada cierto tiempo la prensa nos trae noticias de sus operaciones fraudulentas y atentatorias a los derechos inalienables de la gente sobre su vida y bienes.
La mayoría de las legislaciones contempla esta figura jurídica y existen las penalizaciones para los infractores, aunque, se aprecia la “mano blanda” del legislador, que no siempre puede contra las presiones y recursos con que cuentan los acusados, que a la postre consiguen "doblarle la mano a la justicia".

Una de las definiciones para el delincuente de cuello blanco es de "una persona con elevado status socioeconómico o social, que viola las leyes destinadas a regular sus actividades profesionales", admitiéndose además de la delincuencia económica o financiera, el término de delincuencia institucionalizada.

El caso Nasdaq:
Bernard Lawrence "Bernie" Madoff, (en la foto), fue presidente de la Bolsa Nasdaq y fundador de Bernard Madoff Investment SecuritiesLLC , una firma de inversión de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 fue detenido por el FBI y acusado del fraude de 50.000 millones de dolares, el mayor fraude de la historia llevado a cabo por una persona. El 29 de junio de 2009, el juez federal Louis L. Stanton lo sentencio a 150 años de cárcel.

Casi todos ellos están generalmente en los ámbitos de la política, la medicina, la industria o el comercio y su accionar son el tráfico de influencias, el fraude, la extorsión, las estafas, el abuso de autoridad, el espionaje industrial y político, delitos informáticos, evasión fiscal, violación a las leyes de patentes, quiebras fraudulentas, lavado de dinero, conspiración y muchos otros ilícitos que a pesar de ser ejecutados sin violencia dejan tras si innumerables víctimas.

Cerca de ellos, en otro escalón están, quizás varios de estos mismos sujetos, pero ahora actuando directamente en cargos de responsabilidad gubernamental o insertos en los partidos políticos, líderes de facciones o dentro del esquema del gobierno lo que los hace inaccesibles y cada vez con más poder. Todos ellos se escudan en una imagen intachable y una honorabilidad pública a toda prueba, sea por su posición social, estudios, profesión o situación económica.

Y otras veces, por fortuna los menos, este esquema es el gobierno mismo, donde estos inescrupulosos utilizan sus esferas de poder político y socioeconómico, para provocar conflictos bélicos y fricciones diplomáticas, que siendo interés para el país que representan, significan no obstante, una fuente inagotable donde sus familias hacen crecer su fortuna e influencia y no es extraño, que muchos Jefes de Estado, Ministros, parlamentarios o gente de su confianza, sean acusados de enriquecimiento ilícito bajo prácticas a todas luces inmorales y francamente ilegales.

Sin embargo, estos sujetos ostentan tanto poder, pertenecen a elites tan entronizadas en los aparatos internacionales siendo ellos mismos sus máximos líderes, que resulta una tarea imposible acusarles, por los escudos impenetrables con que se rodean y las mil piruetas con que sus iguales les defienden, desde los bastiones de concentración del poder económico y político e incluso legal de nivel mundial donde la truhanería orquesta la farsa que les permite usar y abusar de privilegios reales.
Colocados bajo el imperio de la ley, todos estos sujetos son solo delincuentes, donde según los especialistas la clave criminaloide “no es el impulso maligno sino la insensibilidad moral”. La enciclopedia de la delincuencia de cuello blanco y empresarial, de Lawrence Salinger, reseñada por Russell Mokhiber y Robert Weissman, expresa que todos estos criminaloides de cuello blanco y alma negra falsifican al buen ciudadano.

Cuando eventualmente se levantan dedos acusadores y voces dolidas pidiendo justicia para sus depredaciones y crímenes de lesa humanidad, saltan estos sistemas defensivos, desde la cumbre de los organismos internacionales y las trincheras de las corporaciones que concentran el poder económico mundial, para apabullar a los osados que se atrevan a tratar de bajar de su falso pedestal a estos “reputados prohombres, esclarecidos patriotas, conspicuos servidores públicos y renombrados sostenedores de la paz mundial”.

Por eso la moderna hazaña jurídica del Juez Garzón de España, de haberse atrevido a perseguir a un ex Jefe de Estado como el sanguinario General en Jefe de las Fuerzas Armadas Chilenas, Senador Vitalicio por una ley espúrea dictada bajo su mandato, el pomposo Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, detenerle bajo normas jurídicas en otro país y obligar a su país de origen a juzgarle por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su larguísmo período dictatorial, no solo remeció la conciencia de todo el planeta, sino que abrió una puerta que los poderosos del mundo tenían muy bien cerrada bajo siete candados.

En la actualidad hay varios de estos prohombres, mundialmente conocidos, como Henry Kissinger, a quien en 1973, para cubrirle con una capa de dignidad se le concedió inmerecidamente el Premio Nobel de la Paz junto el vietnamita Led Duc Thoque por acuerdos alcanzados que pondrían fin a la guerra. Dado que esto no ocurrió, Led Duc renunció al millonario galardón, no asi Kissinger quien prefirió conservar el dinero. Se acusa a Kissinger de muchas violaciones a los derechos humanos y de ser instigador de genocidios sistemáticos de grupos políticos. El juez español Baltasar Garzón envió una comisión rogatoria referente a violaciones de los derechos humanos, pero el Departamento del Estado de EE.UU. la rechazó. Existen numerosas iniciativas que persiguen conseguir su procesamiento ante instancias judiciales internacionales, así como la retirada de su premio Nobel. Kissinger no puede salir a la calle sin una cuadrilla de guardaespaldas y fuertes medidas de seguridad y tampoco viajar por el mundo, pues tiene orden de captura por numerosos tribunales
O como Ariel Sharon, el siniestro ex primer Ministro de Israel, sujeto que se hizo abominable durante décadas por sus crueles medidas y escabroso pasado, de quien se dice que desde 1996 se encuentra en un escondite secreto en estado vegetativo, pero que al decir de sus detractores fue "desaparecido" de la vida política por sus partidarios por su impopularidad y el gran desprestigio internacional en que estaba cayendo el país bajo su mandato. Fue el creador del muro de la verguenza que separa Israel de la mayor parte del territorio palestinos de Cisjordania.El Tribunal de la Haya opinó, en un dictamen no vinculante, que la edificación de la barrera en el trazado elegido es contraria al derecho internacional, y recomendó desmantelar los tramos al oriente de la «Línea Verde», por considerarlos como una apropiación indebida de territorio palestino, lo que desde luego no se ha cumplido.

La estadística de las víctimas con resultado de muerte ligados a la violencia política y atrocidades de guerras e invasiones de territorios por parte de potencias imperialistas en los últimos veinte años, alcanza a la terrorífica cifra de ochenta y siete millones de personas, cuyas familias y su sociedad, aún esperan que sus gestores intelectuales y materiales, hasta hoy escudados cobardemente bajo el principio de soberanía, que en verdad solo escondía conquistas de territorio y bienes estratégicos, sean juzgados en las instancias que corresponda, sin importar sus cargos, nombradía, poder económico ni países a quien representen.

Anteriormente, esta conquista jurídica demostrada como plausible por el Juez Garzón, permitía completa impunidad a los Jefes de Estado, sin que hubiera forma de que rindieran cuenta de su directa responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad y a la violación de sus tropas a las convenciones internacionales.

Hoy, estos tiranos tipo Pinochet, las aventuras de invasiones a países pequeños por fuerzas militares de potencias que utilizan armamento de última generación como Estados Unidos e Israel, la contratación de menores de edad como soldados, el tráfico de armas, los asesinatos selectivos de militares y políticos enemigos, la intromisión de agencias de inteligencia para operar en países vecinos para provocar revoluciones, el financiamiento y la generación de golpes de estado, deben ahora tener más cuidado, porque más temprano que tarde sus gestores deberán responsabilizarse de estos actos criminosos, porque la humanidad se los exige y la comunidad internacional posee ahora elementos jurídicos para que esta barbarie no quede impune.

La intervención de Garzón, basada en una feble regla de derecho internacional que nadie se había atrevido a utilizar debidamente, el principio de jurisdicción universal, que permite a un Tribunal de cualquier país perseguir y acusar a un Jefe de Estado, u otro dignatario que hubiese actuado en contra de ciudadanos del país donde se recoge la denuncia, no solo transformó la doctrina y la costumbre del derecho criminal internacional, sino que abrió un amplio campo muy necesario, para casos sempiternamente pendientes como terrorismo de estado y delitos internacionales de lesa humanidad.

Se suma a ello, la eficacia de nuevos cuerpos legales entronizados en los tribunales criminales de la Organización de Naciones Unidas para Yugoslavia en 1993; Ruanda en 1994; Sierra Leona en el 2002 y Camboya 2003, donde crímenes de guerra, violaciones a las regulaciones de la Convención de Ginebra, atentados contra la paz, torturas, agresiones injustificadas contra un Estado soberano y varias otras figuras delictivas que causen daño, genocidios y destrucción del medio ambiente mediante armas de destrucción masiva, pueden ser juzgados.

En el magnífico artículo Justicia internacional ¿fin de la impunidad? de Waldemar Arroyo Rojas, catedrático Auxiliar de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico publicada en la edición mayo junio de Diálogo Digital, donde este fenómeno se analiza en profundidad podemos leer:

"Previo al caso de Pinochet y al establecimiento de los tribunales de la ONU, sólo se había acusado a los criminales de guerra alemanes y japoneses, quienes habían perpetrado crímenes durante la Segunda Guerra Mundial, ante los tribunales de Nüremberg y Tokio. Posteriormente, se realizaron juicios en varios países contra otros criminales nazis. Ello fue posible gracias a la derrota militar de Alemania y Japón en 1945 y a un consenso universal de rechazo al legado del nazismo alemán y del militarismo japonés.

Tras las iniciativas de Garzón y de la ONU, jueces de Bélgica, España, Francia, Suiza y Suecia han presentado acusaciones contra dirigentes de Argentina, Chile, China, República Democrática del Congo, Francia, Israel y Ruanda. También dieron un impulso adicional al proyecto, propuesto por Alemania, de establecer un tribunal permanente que procese individuos acusados de delitos internacionales, el cual finalmente entró en operación en 2006 y se conoce como la Corte Criminal Internacional (CCI).

La CCI ya ha emitido acusaciones contra ex funcionarios políticos y militares o dirigentes rebeldes de Uganda, República Centro Africana y la República Democrática del Congo.
Asimismo, los tribunales de la ONU continúan procesando casos relativos a la antigua Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y Camboya. Las implicaciones de estos precedentes son significativas para el derecho internacional criminal y para la política en general. El panorama que va dibujándose es que la época de la impunidad por crímenes cometidos durante el ejercicio del poder ha pasado a la historia. Esto no significa que todos los altos funcionarios que cometan delitos internacionales confrontarán la justicia, pero ya es plausible.
Por ejemplo, la posibilidad de un proceso judicial contra George W. Bush y Dick Cheney, ex presidente y ex vice presidente de Estados Unidos, respectivamente, no es una idea descabellada. Si bien es casi imposible que sean acusados por tribunales estadounidenses, la probabilidad de que tengan que confrontar acusaciones en tribunales de otros países no puede descartarse. En efecto, la Audiencia Nacional de España ha aceptado revisar una demanda contra Bush que, de prosperar, pudiera convertirse en el primero de múltiples casos contra el ex presidente de Estados Unidos.

Entre las acusaciones más graves que podrían enfrentar Bush y Cheney se encuentran las relacionadas con las torturas en Guantánamo e Irak, el ordenamiento y la autorización de interrogatorios fuera de los límites internacionales que prohíben “trato cruel e inhumano”, las violaciones a la Convención contra la Tortura, así como violaciones a la III Convención de Ginebra por no reconocer el estatuto de “prisionero de guerra” de los detenidos en la llamada “guerra contra el terrorismo” y violaciones a la IV Convención de Ginebra por ataques indiscriminados contra civiles iraquíes. Los procesos acusatorios ya iniciados están teniendo consecuencias para muchos de estos criminales: viajar a un país extranjero comienza a ser un riesgo pues, al entrar en territorio de otro estado, podrían ser objeto de arresto o de una solicitud de extradición a un tercer estado en el cual tuvieran que enfrentar la justicia.
El aspecto más importante de esta evolución reciente en el derecho criminal internacional es que los ciudadanos comunes de todos los países puedan tener una mayor certeza de que aquellos que detentan el poder no quedarán impunes por sus actos, de que la comunidad internacional pedirá cuentas a aquellos que han tenido en sus manos el ejercicio del poder y el destino de tantos ciudadanos y de que el poder no brinda derecho a cometer crímenes. No puede continuar tolerándose que la guerra se utilice como justificación para el exterminio o genocidio, ni que el 95 por ciento de las víctimas de las guerras sean civiles inocentes, dato que evidencia que en la mayoría de los conflictos hay una estrategia deliberada de agresión contra los civiles.

Incluso un dirigente político que enfrente una guerra o una insurgencia tiene que comprender la importancia de actuar bajo los límites que impone el derecho internacional y humanitario por medio de las leyes de la guerra, la prohibición del genocidio y la prohibición de todos aquellos actos que generen sufrimiento innecesario y que lastimen la integridad y la dignidad de todos los seres humanos, quienes son agraviados cuando siquiera un ciudadano de cualquier país es víctima de una grave injusticia.

Jefes de Estado o de Gobierno condenados por tribunales:

Jorge Videla (Argentina). En 1985, un tribunal argentino lo condenó a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Videla fue indultado en 1990 y reingresado a prisión en 1998, por secuestro de menores y terrorismo de estado.

Jean Kambanda (Ruanda): En 1998, se declaró culpable de genocidio ante el Tribunal Penal de la ONU para Ruanda.

Alberto Fujimori (Perú): Fue encontrado culpable de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y secuestros motivados políticamente y cometidos durante la guerra contra los rebeldes de Sendero Luminoso entre 1990 y 2000.

Megistu Haile Mariam (Etiopía): En el 2006, el Tribunal Supremo Federal de Etiopía lo condenó in absentia a cadena perpetua por genocidio, crímenes contra la humanidad y encarcelamiento ilegal por actos de persecución política graves cometidos durante el régimen del “terror rojo” (1979-1991).

Jefes de Estado o de Gobierno que confrontan acusaciones:

Khieu Sampan (Camboya): En 2007, fue arrestado para enfrentar juicio ante el Tribunal de la ONU para Camboya por el delito de genocidio cometido durante el régimen de terror de los Jemeres Rojos (1975-1979).


Charles Taylor (Liberia): En 2006, el Tribunal de la ONU para Sierra Leona lo acusó por crímenes de guerra.

Omar al-Bashir (Sudán): La Corte Criminal Internacional lo acusó formalmente en 2009 por crímenes contra la humanidad, incluyendo ataques contra la población civil cometidos durante la campaña militar contra la provincia rebelde de Darfur. Es el primer jefe de estado que es acusado ante un tribunal internacional mientras ejerce sus funciones.

Jefes de Estado o de Gobierno que fallecieron durante o antes del proceso:

Augusto Pinochet (Chile): El juez español Baltasar Garzón lo acusó en 1998 por terrorismo, torturas y genocidio.

Slobodan Milosevic (Yugoslavia): En 2001, confrontó acusaciones por crímenes contra la humanidad, múltiples violaciones a las Convenciones de Ginebra y genocidio durante las guerras contra Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

Ariel Sharon (Israel):
Fue acusado por los jueces belgas por las masacres de Shaba y Shatila en el Líbano contra civiles palestinos.

Jefes de Estado y Gobiernos que podrían enfrentar acusaciones:

Vladimir Putin (Rusia): por genocidio y graves crímenes de guerra contra civiles chechenos durante la guerra contra la República de Chechenia y por la agresión contra la República de Georgia en contravención de la Carta de la ONU.

George Bush (Estados Unidos): por las torturas en Guantánamo e Irak, así como violaciones a la III Convención de Ginebra por no reconocer el estatuto de “prisionero de guerra” de los detenidos en la llamada “guerra contra el terrorismo” y violaciones a la IV Convención de Ginebra por ataques indiscriminados contra civiles iraquíes.

Hu Jintao (China): por genocidio y persecución religiosa en el Tíbet.

S.M. Rey Mohammed VI (Marruecos): por crímenes contra la humanidad y torturas durante la guerra contra el Sáhara Occidental.

Mullah Omar (Afganistán): por gravísimas violaciones de derechos humanos y persecución sistemática contra las mujeres afganas.

Than Shwe (Myanmar): por una amplia lista de crímenes, entre los que figuran el reclutamiento militar de niños, la negación a ofrecer asistencia humanitaria a más de 100,000 refugiados del huracán de 2008 y la persecución sistemática contra la oposición, los estudiantes y los monjes budistas.

Además, podrían ser acusados Luis Echevarría (México), Efraín Ríos Montt (Guatemala) y Fidel Castro Ruz (Cuba)".